La película no acaba hasta el último título de crédito, y a la de suspense que protagoniza Alberto Contador le faltan aún algunos planos para rematar la retorcida historia, ya verán. Entre lo práctico, agachar la cabeza, perder un año sancionado y volver a tope para callar bocas, y lo digno, luchar a cualquier precio por demostrar su inocencia, Alberto apostó por lo segundo, y aunque por ahora gana, puede acabar perdiendo. Si a la UCI el 'donde dije Diego...' de la Federación Española le chirría, su queja no tardará en llegar al TAS, cuyos abogados no van a ser tan susceptibles a escuchar la opinión de un jefe de gobierno como ocurre en España. Y con la misma facilidad que los abogados de la RFEC no aprecian negligencia en el ciclista, ellos pueden asirse a lo práctico: si hay clembuterol y está prohibido, es sancionable con dos años. Sí, dos años. Es el 'doble o nada' de la apuesta.
Porque al margen de que el 'In dubio pro reo' (en caso de duda, a favor del reo) haya triunfado en el caso Contador y que eso haga felices a la afición española, al corredor, al presidente del Gobierno y al jefe de la oposición, estos dos últimos no han sabido quedarse al margen del vodevil. Quizás se busca rédito político en cualquier campo, esta vez a costa de un ídolo, como de alguna manera ha pasado con Marta Domínguez y la Operación Galgo, pero en eso no deberían haber entrado ni Zapatero ni Rajoy, que bastante rara era ya la historia. Dirán que no, pero a eso se le llama presionar políticamente. Y recuerden: algo seguimos haciendo mal, porque aunque salga de ésta, a Contador no le creen muchos de los medios internacionales y algunos de sus compañeros de pelotón no españoles. No basta con serlo, hay que parecerlo