En medio de una enorme expectación mediática, los seis detenidos en la 'Operación Galgo' contra el dopaje en el deporte que ayer por la mañana declararon en el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid quedaron en libertad con cargos y sin fianza imputados por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de sustancias dopantes, informó el Tribunal Superior de Justicia de la capital española.

El médico Eufemiano Fuentes, los entrenadores Manuel Pascua y César Pérez –técnico de la campeona del mundo de 3.000 obstáculos Marta Domínguez–, el representante de ésta José Alonso Valero, el atleta Alberto García y el ex ciclista de montaña Alberto León quedaron en libertad tras declarar ante la titular del juzgado, Mercedes Pérez, quien les impuso la medida cautelar de comunicar de inmediato un cambio de domicilio. Todos los imputados fueron puestos a disposición judicial por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado menos el atleta Alberto García, que en 2003 fue suspendido durante dos años por dar positivo en un control de dopaje, quien lo hizo de manera voluntaria.

Los otros ocho implicados en la presunta red de dopaje desarticulada por la Guardia Civil el pasado jueves declararán en los próximos días ante la justicia en la manera y forma que disponga el juzgado, informó asimismo el Tribunal Superior. Entre ellos figura Marta Domínguez, quien según fuentes judiciales declarará la próxima semana por medio de una videoconferencia desde Palencia, su ciudad de residencia, porque su embarazo le aconseja guardar reposo.

La juez también tomará declaración en los próximos días al resto de imputados que ya habían sido puestos en libertad en días anteriores: a la médico Yolanda Fuentes, hermana de Eufemiano Fuentes; al entrenador de ciclistas José Luis Pascua, hermano de Manuel Pascua; a la entrenadora y ex atleta María José Martínez Guerrero, esposa de éste último; al culturista Miguel Barceló, a las farmacéuticas M.L.S. y M.C. y al intermediario P.M.R.

De los seis que declararon ayer, el primero en entrar y en salir de los juzgados de la plaza Castilla fue Alberto García, quien lo hizo a cara descubierta y con semblante tranquilo. “No tengo nada que ocultar y estoy seguro que voy a salir absuelto porque se han dicho muchas mentiras sobre mí. Vivimos en un país que sólo quiere medallas y hay mucha hipocresía”, dijo al entrar. “Soy tan libre como vosotros. Me voy a mi casa”, aseguró al salir. Según explicó, el fiscal no solicitó ningún tipo de medida cautelar para él. “Estoy aquí un poco de paso. Si no tengo que venir a firmar y estoy en libertad, es que la juez habrá visto algo a mi favor”, señaló. Poco después salió César Pérez, que se subió al coche que le esperaba tapándose el rostro sin hacer declaraciones.

Al resto de los que declararon no se les vió, aunque el abogado de Eufemiano Fuentes, Julio Pérez Templado, defendió su inocencia al entrar. “Él está fuera de todo esto. Está dedicado al ejercicio de la medicina en Las Palmas y ya está”, aseguró el letrado, que también defiende a Alberto León.

Las diligencias continúan siendo secretas mientras se investigan las cuentas y patrimonio de los imputados, se llevan a cabo los análisis de las muchas sustancias intervenidas (anabolizantes, esteroides, hormonas, EPO, bolsas de sangre, etc.) y se espera el testimonio de los testigos, informó asimismo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Probar el dopaje de otros, lo más difícil

La investigación de la 'Operación Galgo' no está aún cerrada, ya que en el análisis de las sustancias y la documentación requisadas por la Guardia Civil durante los registros del pasado 9 de diciembre podrían salir nombres de otros deportistas, a los que sería difícil poder sancionar por la vía administrativa si la autoridad judicial –que sólo persigue el delito contra la salud pública por tráfico o suministro de sustancias dopantes y no el consumo– no les hacen llegar las pruebas que han recabado para abrir un expediente sancionador a los deportistas implicados, algo que no sucedió durante la 'Operación Puerto' de 2006. Si no es así, es necesaria una confesión del deportista para poderle abrir un proceso sancionador que acabe en la correspondiente suspensión deportiva. Para los imputados en el caso, la justicia penal prevé penas de 6 meses a 2 años de prisión –que no cumplirían si no hay antecedentes– por el delito contra la salud pública, y la deportiva, tras aprobarse la Ley del Deporte en 2009, sanciones de 2 a 4 años de suspensión por la posesión de sustancias ilícitas